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La transformación de la agricultura

     El liberalismo económico y la propiedad particular no entraban en conflicto, y tampoco se puso en cuestión la propiedad de los medios de producción. Los intereses de la burguesía y los de la aristocracia eran coincidentes, ya que el nuevo concepto de propiedad que tenía la burguesía liberaba a las propiedades de los grandes terratenientes aristócratas de las servidumbres del sistema señorial. Además, la burguesía tenía una clara orientación terrateniente, e incluso antiindustrial, lo que aseguraba a la aristocracia su continuidad como clase privilegiada y con dinero. La tierra era el símbolo de riqueza social.

     En el campo, la revolución liberal burguesa salvó los últimos obstáculos para el desarrollo de capitalismo en él; y se comenzó a acumular capital en la agricultura, aunque en muy pocas manos.

Bases jurídicas

     La revolución liberal implicaba la adopción de una serie de medidas jurídicas que tienen como objetivo eliminar las servidumbres vinculadas a la propiedad del Antiguo Régimen. Cambian las formas de la titularidad de la tierra y también los factores productivos particulares.

     La renovación de la titularidad de la tierra sufre modificaciones gracias a las desamortizaciones. Estas se inician en 1798, con la desamortización de Godoy, una disposición legal que afecta principalmente a la Iglesia pero que cuenta con la autorización del papa, que fue presionado por el rey. La segunda desamortización, y la más famosa históricamente, es la de Mendizábal, entre los años 1836 y 1841. Esta es la desamortización eclesiástica general que, por la institución a la que afecta ha sido muy polémica, y fue posible gracias al acceso al poder de los liberales, en el denominado trienio liberal. Pero la desamortización que más transcendencia ha tenido para la puesta en el mercado de tierras nuevas, y para la adquisición por parte de la burguesía de un patrimonio terrateniente fue la desamortización de Madoz en 1855. Esta fue la desamortización civil y general y puso en el mercado numerosas tierras que hasta el momento habían sido comunales.

     Para consolidar las compras de tierras comunales y eclesiásticas desamortizadas era necesario que la ideología liberal radicarse en España. Para asegurar las nuevas compras hubo que registrarlas. Este fue el instrumento jurídico que asentó las nuevas propiedades para sus recientes propietarios y que se plasmaría en el siglo XX en el Catastro. Las reclamaciones sobre propiedades sólo tendrían validez si estaban registradas.

     Los objetivos de la desamortización eran: reformar la estructura de la propiedad, obtener recursos para la Hacienda y lograr el apoyo popular para la causa liberal. Estos objetivos se consiguieron plenamente, y por lo tanto las desamortizaciones fueron un éxito. En ningún caso fue el campesino que trabajaba la tierra, y que tenía derechos adquiridos, el beneficiario de las compras de la tierra, ya que al cambiar el concepto de propiedad el campesino perdió sus derechos tradicionales: la propiedad se hizo absoluta.

     Muchos campesinos no tenían dinero para compra las tierras que cultivaban, por lo que tuvieron que emigrar para conseguir el dinero suficiente con que redimir sus explotaciones. Esta es la causa principal del aumento de la emigración a América durante el siglo XIX.

     La cuarta parte de la superficie del país, que estaba amortizada como propiedad colectiva o institucional, se convirtió en propiedad particular libre. Aunque en muchas ocasiones se desamortizó sólo el dominio directo y no la titularidad. Quien compraba tierras desamortizadas tenía un compromiso con la revolución, para defender el dinero invertido, y por lo tanto apoyaba a los liberales en el gobierno.

     Los beneficiarios de la desamortización serán los campesinos ricos y acomodados, la burguesía urbana especuladora y absentista, y la aristocracia terrateniente. Las tierras se subastan y se adjudican al mejor postor, con lo que su venta no implicó un cambio en las estructuras de la propiedad, aunque sí en la titularidad de la tierra y en su condición de bien vendible. Estas medidas suponen la desaparición de régimen señorial en el mundo rural, para lo que se hace un pacto tácito entre la burguesía y la aristocracia terrateniente. La abolición de los señoríos no significó un cambio en la titularidad de la tierra, pero sí implicó la supresión de las servidumbres a las que estaban sometidos los señoríos. Hay un «perfeccionamiento» de la propiedad las tierras, se podían comprar y vender. Se perdían los derechos señoriales, pero se suprimían las cargas jurisdiccionales, y se obtenía la tierra como indemnización por la abolición de los derechos. Todo un negocio para la aristocracia. La desvinculación era otra medida de «perfeccionamiento» de la propiedad, al hacerla un bien libre. Estas decisiones se toman entre 1808 y 1836.

     Una de las consecuencias más llamativas de estas medias es el cambio en la forma de los contratos agrarios. Desaparece casi por completo la aparcería, y se impone definitivamente el contrato de arrendamiento. Existe gran abundancia de jornaleros, por lo que el mercado de trabajo en el campo está bastante bien adaptado a las exigencias de la burguesía liberal. Existe libertad de salarios y de contratación de los arrendamientos. Sin embargo, curiosamente, no desaparecen la enfiteusis ni las rabassas, a pesar de ser contratos vitalicios y heredables, lo que suponía una carga para el arrendatario. El capital de inversión dejó de tener privilegios para comportarse como en el resto de los sectores. Aunque la burguesía de la época prefería invertir en tierras que en otros sitios.

     Las medidas liberalizadoras tuvieron otra consecuencia importante. La producción agraria, en el régimen señorial, tenía una serie de cargas fiscales a diferentes instituciones, Estado, aristocracia e Iglesia, que consumían la mayoría de los excedentes. Pero las leyes liberales suprimen los diezmos en 1841 y los tributos señoriales. Además, el nuevo sistema fiscal permite que la mayoría de los excedentes lleguen al mercado, con lo cual comienza una importante acumulación de capital en la agricultura, que servirá de base para una incipiente industrialización.

Expansión y crisis de la agricultura

     Tras la crisis que supone para la agricultura, y toda la economía, la guerra de Independencia, esta entra en un periodo de expansión que dura de 1830 a 1880. Este florecimiento se debe a la integración, en un mercado nacional, del consumo interior, gracias a la mejoría de los transportes. La población se incrementa por el comienzo de la transición demográfica. Se toman medidas proteccionistas con el exterior para proteger los productos nacionales, al mismo tiempo que se hacen esfuerzos para liberalizar el mercado interior. Se reforma la producción agrícola y se termina con el policultivo de subsistencia, pasando a la especialización productiva regional.

     Con esto no solo se especializan las regiones españolas, sino también las regiones en el continente, en un intento de crear un mercado internacional libre. La Europa atlántica se especializa en la producción ganadera, la Europa central y occidental en la producción de cereales y la Europa mediterránea en la obtención de carne, huevos, frutas, hortalizas, vinos y aceite. Este es el primer equilibrio económico europeo que se da en el continente.

     Pero el verdadero impulso de la agricultura española se debe a la desamortización de los montes comunales y a la introducción de la ganadería mular en detrimento del vacuno y el lanar. La mula es capaz de arar más rápido que los bueyes, pero aran menos profundo, con lo que la producción baja sus rendimientos. No obstante, esto se compensa por el aumento de la superficie agraria útil. Además, se consolida el cultivo de la patata y el maíz, que se empiezan a considerar como alimento humano, lo que supone el fin del hambre crónico para las clases más bajas de la población.

     Sin embargo, el sector agrícola entra en crisis a partir de 1880. La crisis no es algo extraordinario, si no que se encuadra en el marco general del sistema capitalista y de la revolución industrial de fin de siglo, en lo que se conoce como la gran depresión. Los precios agrícolas se reducen, en gran parte, por la invasión de los productos provenientes de las colonias. La crisis económica que afecta a toda Europa supone una reducción del consumo de los alimentos menos básicos, como la fruta, la carne y en general los productos en los que se ha especializado la agricultura española. Sin embargo, sí se protegen, en el mercado interior (1877), la producción de cereales y de los artículos de alimentación básicos. A pesar de la crisis se mejora la tecnología para la producción de aceite de oliva, cuya reconversión se hace necesaria para no perder los mercados exteriores. El vino sufre la plaga de la filoxera, que azota a la mayor parte de la producción entre 1885 y 1889. Sin embargo, la introducción de productos agrícolas en otros países se hace extraordinariamente difícil, porque todos ellos adoptan medidas proteccionistas de su agricultura. Estas medidas se toman en torno al 1891, que es cuando aparecen este tipo de remedios en España.

     En torno a 1882 se dan en el país una serie de malas cosechas que tuvieron como consecuencia la desaparición del arancel cerealista, el mercado agrícola se abre al exterior, lo que indica que toda la agricultura estaba en crisis. El punto culminante del período se alcanza en 1898, año en el que a la crisis económica se añade la pérdida de Cuba y Filipinas. Las estructuras agrarias españolas se están quedando viejas para una economía cada vez más especializada y mecanizada.
 

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