También
se proclama la unidad del fuero y de los códigos,
con los que las leyes y los acuerdos que se tomen en adelante tendrán
validez en toda España. Se consagra la proporcionalidad
ante el impuesto, pagando más los que más tienen,
aunque aún no es un impuesto progresivo. El servicio
militar se hace obligatorio, para crear una fuerza militar comprometida
con la defensa de la constitución. Se hace un plan
de enseñanza uniforme para toda España. Estas medidas
se completan en 1837 con el principio de acceso a los cargos públicos,
según méritos y capacidad individual. Otra de las medidas
que tratan de uniformar la Administración española es la
división del país en nuevas provincias,
una división que se hace definitivamente en 1833
tras varios intentos fallidos. En 1834 los alcaldes
pierden sus funciones judiciales en favor de los jueces letrados, creándose
así los partidos judiciales. Además,
los cargos de los ayuntamientos y las diputaciones
se hacen electivos. Sin embargo, la uniformidad no
es absoluta, ya que en 1839 se confirman los fueros
de Navarra y en las provincias vascongadas,
en el Convenio de Vergara, que pone fin a la guerra
Carlista.
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