Cuando la economía crece la política económica suele ser liberalizadora, para permitir a los particulares hacer buenos negocios. Cuando decrece suele ser restrictiva, para evitar las pérdidas particulares y la competencia de los productos foráneos.
Las autoridades monetarias pueden intervenir en la marcha de la economía a través del aumento o la disminución del coste del dinero, lo que repercute en la concesión de créditos, y estos en los niveles de consumo e inversión.
España, durante el franquismo, optó por una política económica de dinero pasivo, en la que la oferta de dinero por parte del Banco de España tiene que adaptarse a la demanda. Este sistema funcionó hasta 1973.
En 1959 se implanta el Plan de Estabilización de la Economía, que cerró una tendencia inflacionista y fomentó el ahorro de las pequeñas rentas, lo que favoreció la inversión en industria, construcción y turismo. No obstante, la política se adaptaba a las posibilidades de inversión.
La estrechez del mercado de consumo ordinario se termina, y la industria se potencia gracias a la producción de bienes de consumo. Sin embargo, con este sistema el control monetario es muy ineficaz.
Durante los años 70 los instrumentos básicos para intervenir en la marcha de la economía son: la retención del coeficiente legal de caja que los bancos deben tener depositado en el Banco de España, con lo que se aumenta o se restringe el dinero en circulación; y la supresión de los créditos especiales, que generaban liquidez inmediata, y por lo tanto hacían subir la inflación.
Desde 1973 el objetivo de la política económica es lograr una reducción en las tasas de inflación del dinero. Para ello se emiten bonos del tesoro a corto plazo, con tipos de interés variables, lo que implica una intervención más activa en la economía.
La crisis mundial afecta a la economía española desequilibrando la balanza de pagos, a causa del petróleo. El dinero que se gasta el Estado en compras al exterior es mayor que el que se importa. Sin embargo, las autoridades económicas y políticas no hacen gran cosa por contener la inflación y los efectos de la crisis. Los ajustes son paulatinos.
Aparecen nuevos instrumentos de intervención económica, que han evolucionado hasta el día de hoy. El control monetario se realiza a través de: la vigilancia de la cantidad de dinero en circulación, los tipos de interés, el crédito bancario, y la liquidez bancaria. También se controla la tasa de redescuento, es decir, la determinación de los efectos que la banca puede utilizar en tres meses. Se controla el coeficiente de caja, los créditos a corto plazo, y aparecen los pagarés del tesoro a largo plazo.
Estos instrumentos de control de la actividad económica se encuentran con dos obstáculos básicos: la balanza de pagos con el comercio exterior y el aumento del déficit público. Pero ambos están pensados para controlar la inflación. Son políticas antiinflacionistas.
La política monetaria actual viene determinada por el nuevo Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht en 1992, que ha supuesto la creación de una moneda común, el euro. Para ello es necesario el control de la economía y la estabilidad monetaria, lo que supone: una convergencia en las tasas de inflación de todos los países, la reducción del déficit público y la estabilidad del tipo de cambio. Para lograr estos objetivos es necesaria la bajada de los tipos de interés, para que los datos macroeconómicos estén fundados en la liquidez y la solvencia.
Otro objetivo de la política económica de Maastricht es la creación de un Banco Central Europeo que evitará la monetización del déficit. Este banco comenzó a funcionar el 1 de enero de 1999, con lo que se absorbieron todos los bancos nacionales, que crearon el euro. En la actualidad es él el que lleva el peso de la política económica.
